El trabajo Las contribuciones extraordinarias de guerra de la Junta Central y las Cortes de Cádiz 1810-1813. Orígenes de la imposición personal en España, editado por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz y realizado por el Javier Lasarte Álvarez, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Pablo de Olavide, ha recibido el premio de la Fundación Centro de Estudios Constitucionales 1812 en su novena edición.

El galardón, que se entregó en un acto en el Casino Gaditano, consiste en 9.000 euros destinados al fomento de la realización y presentación de trabajos inéditos en Constitucionalismo español o latinoamericano, Ciencia Política, Sociología, Historia Contemporánea o Unión Europea.

Como en las convocatorias precedentes, la edición de la obra galardonada ha sido realizada por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz y en ella se estudian las contribuciones extraordinarias de guerra de la Junta Central y de las Cortes Generales y Extraordinarias durante el período comprendido entre el 1 de enero de 1810 y el 13 de septiembre de 1813.

El jurado estuvo compuesto por José Pedro Pérez Llorca (ponente constitucional en 1978), Manuel Clavero Arévalo (ex ministro y catedrático de Derecho Administrativo), Guillermo Jiménez Sánchez (ex magistrado del Tribunal Constitucional) y Gonzalo Butrón Prida (profesor titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Cádiz).

Entra en el apartado Crónicas de Diez en Cultura y consulta las conslusiones recogidas en los seminarios de la 62 Edición de los Cursos de Verano de la Universidad de Cádiz.

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Durante el mes de julio de los últimos siete años la Universidad de Cádiz ha incluido en sus Cursos de Verano tres seminarios que conforman la Semana Constitucional y se desarrollan con el apoyo del Ayuntamiento de Cádiz.

El objetivo de los cursos es analizar los acontecimientos que llevaron a la promulgación de la Constitución de 1812 y su influencia en el presente, desde un punto de vista académico y fundamentado en la investigación.

Además en los últimos años se han incorporado a los Cursos de Verano otros tres seminarios relacionados con esta temática con la colaboración en este caso del Consorcio del Bicentenario y la Diputación de Cádiz.

El próximo julio se desarrollará la 62 edición de los Cursos de Verano de la UCA que incluirán:

Semana Constitucional (con el apoyo del Ayuntamiento de Cádiz):

- ‘Problemas en el constitucionalismo en el siglo XXI: El control de constitucionalidad y la defensa de la Constitución’ (4 al 6 de julio)
- ‘Constitución de 1812: modelo penal y proyección latinoamericana’ (7 al 9 de julio)
- ‘Las ciudades ante la invasión francesa. Los sitios de la Guerra de la Independencia’ (11 al 13 de julio)

Otros seminarios:

Con el apoyo de la Oficina del Consorcio del Bicentenario de la Constitución de 1812:
- ‘Los impactos sociales y económicos de los grandes eventos en la vida de las ciudades’ (Por determinar)
- ‘El ideario de la Constitución de 1812. Validez y proyección en el siglo XXI’ (Por determinar)

Con el apoyo de la Oficina del Bicentenario de la Diputación de Cádiz:
-‘Historia e historieta: del reflejo social a la fuente histórica’ (30 de junio al 2 de julio)

Más información e inscripciones aquí.

El pasado 16 de marzo tuvo lugar la entrega de la VIII Edición del Premio de la Fundación de Estudios Constitucionales, de la que la Universidad de Cádiz es patrono.

En esta ocasión fue otorgado a Mercedes Alicia Carrillo Zamora por su trabajo “La impugnación internacional de la sentencia arbitral por fraude procesal: Estudio particularizado de la controversia limítrofe anglo-venezolana sobre el territorio de la Guayana Esequiva”. El trabajo está fundamentado en un detallado estudio sobre el arbitraje que decidió un conflicto limítrofe entre Venezuela y Gran Bretaña sobre el territorio de la Guayana Esequiva. Ante este conflicto, la autora propone que vayan a juicio, y para ello ha diseñado a Venezuela prácticamente su defensa al darle los argumentos que ellos deberán alegar ante la Corte Internacional de Justicia para pedir la anulación del laudo. Este argumento es lo que ella considera el fraude procesal ocurrido en el arbitraje que dio lugar a la sentencia de 1899. Entonces –explica- “la idea es que si la Corte Internacional declara nulo el laudo, pues entonces Venezuela y Guyana tendrían que empezar de cero y someter la controversia limítrofe de nuevo ante un nuevo tribunal.

Gracias a la difusión que se le ha dado a su propuesta a través de este premio, la Misión de Venezuela ante la OEA, que son los diplomáticos enviados por el gobierno venezolano para representar los intereses de la nación en esta organización, se han puesto en contacto con ella para sostener una conversación en Washington sobre este trabajo.

De este modo, si a los diplomáticos de Venezuela les gusta la teoría que propone –señala Mercedes Carrillo- de que demanden la nulidad del laudo de 1899 por fraude procesal, “ellos podrían recomendar al gobierno venezolano a que acudan a la Corte Internacional de Justicia y apliquen mis propuestas y este caso finalmente podría tener un desenlace favorable para todo un país que ha reclamado sus derechos por mas de un siglo”.

Por último señala que “lo mas importante es que esto podría sentar un precedente para numerosos países que todavía tienen conflictos limítrofes pendientes y que siguen sufriendo las secuelas de procesos arbitrales injustos. He allí la importancia de la difusión lograda con el premio”.

La entrega del premio tuvo lugar dentro de los actos organizados por el Ayuntamiento de Cádiz con motivo del mes constitucional, en la sede de la Fundación de Estudios Constitucionales 1812, que comenzó con una conferencia impartida por el historiador Alberto Calderón Vega, titulada “Florencio del Castillo Villagra y los Derechos Humanos”. Este costarricense, licenciado en Historia del Arte e investigador de temas latinoamericanos, centró su disertación en la obra del diputado en Las Cortes de Cádiz, sobre todo en las gestiones realizadas por él en relación a la abolición de la mita y los derechos de las castas, en relación al artículo 22 de la Constitución de Cádiz.

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